21 mayo 2026
La resolución, firmada por el juez Víctor Troncoso Rodas el 19 de mayo de 2026, alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras del GCBA afectados por este mecanismo de control.
En el fallo, el juez sostuvo que el Gobierno de la Ciudad no acreditó la existencia de un acto administrativo que habilite la implementación obligatoria del sistema ni el uso de celulares personales de las y los trabajadores para registrar asistencia mediante geolocalización. Asimismo, señaló que la herramienta fue implementada “a través de una vía de hecho” y que ello lesiona el principio de legalidad.
La sentencia también reconoce que el sistema imponía el uso de dispositivos personales, datos móviles y GPS para cumplir tareas laborales, sin negociación colectiva previa, sin garantías suficientes sobre el tratamiento de datos personales y sin contemplar las condiciones reales de trabajo de amplios sectores estatales que realizan tareas territoriales, guardias, emergencias y atención a población vulnerable.
ATE Capital denunció desde el inicio que este mecanismo implicaba una avanzada sobre la privacidad, la intimidad y los derechos laborales de las y los trabajadores estatales. El fallo judicial representa un paso importante en defensa de esos derechos frente a políticas de vigilancia impulsadas por el Gobierno de la Ciudad.
Además, la resolución ordena al GCBA suspender la aplicación obligatoria del sistema para todo el personal alcanzado, mientras continúe el proceso judicial de fondo.
Luchar tiene sentido.
