19 octubre 2026
La presentación se sostiene en
cuatro ejes principales:
1. Vulneración
de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Detenciones de estudiantes de
14 años sustentadas en la Ley 27.801, desoyendo las recomendaciones
internacionales del Comité de
los Derechos del Niño que prohíben bajar la edad de responsabilidad penal y
exigen proteger a las juventudes en manifestaciones públicas.
2.
Uso abusivo e ilegal
de armas de dispersión:
Empleo indiscriminado de cartuchos de gas y disparos de munición cinética directos a zonas vitales
(rostro y cuello). Esto quebranta los criterios mínimos de actuación y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/GC/37).
3. Afectación
grave a la libertad de expresión: Ataques dirigidos hacia
trabajadores de prensa (más de 9 periodistas y reporteros gráficos heridos).
Documentar la actuación policial es un derecho protegido por el art. 19 del
PIDCP que no puede ser reprimido.
4. Narrativas
estigmatizantes y criminalización: Difusión de desinformación por parte
de funcionarios y formulación de denuncias por "atentado al orden
constitucional", buscando disuadir el ejercicio legítimo del derecho a la
protesta.
Solicitamos a la ONU que requiera información
detallada al Estado argentino, manifieste su profunda preocupación por las
violaciones de derechos humanos cometidas y lo exhorte a cesar de inmediato las
medidas de amedrentamiento, la estigmatización pública y el uso desproporcionado de la fuerza pública.
Exhortamos al
Estado argentino a ceñirse a sus compromisos internacionales y cesar la
persecución de la protesta social.
