23 abril 2019
Como trabajadores y trabajadoras del Estado creemos que es necesario repensar el régimen penal juvenil como parte de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Resulta urgente dejar en claro que las instituciones de encierro punitivo no pueden garantizar en lo más mínimo ningún tipo de “tratamiento” o herramienta para pibes y pibas que apenas recuperan su libertad volverán al mismo círculo de exclusión y desprotección estatal.
Debemos contextualizar que este debate se da en medio de un profundo vaciamiento de las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia.
Pretenden que un adolescente de 15 años deba hacerse, penalmente, cargo de sus actos. Adolescentes que crecieron en la pobreza y la exclusión; siendo víctimas de la estigmatización y criminalización que se expresa entre otras, en la “Doctrina Chocobar”, que ataca a la inseguridad con tiros por la espalda y represión.
Existe hoy un evidente oportunismo político de distracción social frente a un año electoral que no permitirá tener los tiempos pertinentes para debatir con racionalidad y responsabilidad un proyecto de semejante magnitud.
Es fundamental impulsar este debate desde el organismo nacional pertinente en materia de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes; que es la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) como actor principal en la temática. Ya repudiamos desde el año 2016 el hecho de que el Proyecto se proponga desde el Ministerio de Justicia.
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POR LO EXPUESTO, LOS Y LAS TRABAJADORAS ESTATALES MANIFESTAMOS
Si bien es necesario reformar el sistema penal juvenil actual y la existencia de una Ley que reglamente la situación de los y las adolescentes y jóvenes que cometen una transgresión de cualquier índole que se encuentre tipificada en el Código Penal; nada tiene que ver ésto con retroceder en materia de derechos humanos y menos con el punitivismo que se pretende imponer.
En base al Decreto actual de Videla (Ley 22.278), la edad de punibilidad fue fijada en 16 años, por este motivo, bajar la misma a 15 años es un retroceso en materia constitucional y de derechos humanos; va en contra de los estándares internacionales vigentes. Por eso sostenemos que este Proyecto de Ley es peor que la Ley de Videla, ya que refuerza un Estado tutelar.
La discusión propuesta girada en torno al discurso de la seguridad y la reparación hacia las víctimas de delitos supuestamente cometidos por adolescentes, se cae fuertemente ya que los delitos cometidos por personas menores de 16 años representan porcentajes bajísimos y más aún aquellos tipificados como graves por el Código Penal.
Asimismo, la propuesta de sanción de penas más duras que se observa en el proyecto de Garavano y Bullrich, no respetan los principios de la Convención de los Derechos del Niño en su Observación Número 10, entre otras. Y con argumentos falaces y garantistas promueve el encierro punitivo en situaciones que deben ser acompañadas por los organismos de protección pertinentes y no por Juzgados penales.
El proyecto de Garavano y Bullrich promueve una lógica de demagogia punitiva mientras que desde el Gobierno Nacional se lleva adelante una política económica cuyas primeras víctimas son, entre otras, los niños, niñas y adolescentes; al mismo tiempo que vacían el Sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes
Continuamos fortaleciendo y ampliando la RED ARGENTINA NO BAJA de la cual somos parte fundadora. Necesitamos de todos y todas para frenar esta nueva embestida contra la niñez y adolescencia, contra el futuro de nuestra Patria.
NO A LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD
LA CÁRCEL NO ES LA SOLUCIÓN
MÁS ESCUELAS
MÁS DERECHOS
